23 julio 2005

Amnistía Internacional

completo en http://web.amnesty.org/report2005/index-esl ]


Europa y Asia central
Perspectiva general 2004
Los derechos humanos siguieron siendo víctimas de la “guerra contra el terror”. Un racismo muy arraigado, la discriminación y la intolerancia se pusieron de manifiesto en los ataques contra miembros de las comunidades árabe, judía y musulmana, en la violencia interétnica y en la falta de respeto a la dignidad de las personas con discapacidades mentales. Los responsables de abusos contra los derechos humanos tales como tortura y malos tratos continuaron gozando de una impunidad demasiado frecuente. La Unión Europea –que se amplió en mayo con la incorporación de 10 nuevos Estados– siguió mostrando una falta de voluntad política para hacer frente a las violaciones de derechos humanos dentro de sus propias fronteras.
La “guerra contra el terror”Los grupos armados de oposición sembraron la muerte y la destrucción en toda la región –atentados suicidas en Uzbekistán, atentados con explosivos perpetrados contra trenes en España durante la hora punta, toma de rehenes y sitio en una escuela de Beslán (Rusia)– y se cobraron centenares de vidas.Los gobiernos, a su vez, siguieron recortando los derechos al amparo de la “guerra contra el terror”. Aunque en una decisión histórica la instancia judicial más alta del Reino Unido resolvió que era ilegal la detención indefinida sin cargos ni juicio de “presuntos terroristas internacionales” extranjeros, al finalizar el año 11 hombres permanecían detenidos y uno se encontraba en la práctica bajo arresto domiciliario. El Tribunal de Apelación de Inglaterra y Gales había fallado anteriormente que las “pruebas” obtenidas mediante la tortura de un tercero sólo serían inadmisibles en los procedimientos judiciales en el caso de que agentes británicos hubieran colaborado o participado directamente en ella. A lo largo del año, el Reino Unido también trató de eludir sus obligaciones en virtud del derecho interno y de las normas internacionales sobre derechos humanos, afirmando que estas normas no eran vinculantes para sus fuerzas armadas destacadas en Irak y Afganistán. En Rusia, el Parlamento amplió a 30 días el periodo que se podía mantener detenido sin cargos a un presunto autor de delitos “relacionados con el terrorismo”. En Uzbekistán se llevaron a cabo detenciones arbitrarias de centenares de hombres y mujeres considerados fervientes musulmanes, así como de familiares suyos, y se condenó a decenas de personas acusadas de delitos “relacionados con el terrorismo” a largas penas de cárcel después de juicios injustos. En la práctica, las fuerzas de seguridad de la Federación Rusa siguieron gozando de impunidad respecto de los abusos perpetrados en Chechenia.Refugiados y solicitantes de asiloEn cuanto a las disposiciones sobre asilo y a los desafíos planteados por la migración, los gobiernos siguieron haciendo más hincapié en el control y en la disuasión que en la protección, contraviniendo las normas internacionales sobre derechos humanos. En Grecia, por ejemplo, es posible que los guardacostas y la policía utilizaran métodos que ponían en peligro las vidas de los migrantes con el fin de disuadirlos de entrar en territorio griego. Italia, que carece desde hace tiempo de una reglamentación adecuada e integral en materia de asilo, expulsó a numerosas personas procedentes de Libia, en su mayoría de origen norteafricano y entre las que figuraban solicitantes de asilo. La rapidez y la urgencia de las expulsiones suscitaron la sospecha de que el gobierno estaba decidido a actuar sin importarle el perjuicio que pudiera acarrear a los derechos humanos. Estos abusos flagrantes se vieron agravados por el hecho de que la UE no compensara su principal prioridad, la limitación de la entrada de migrantes y solicitantes de asilo, con una perspectiva clara en materia de protección.Racismo y discriminaciónLas manifestaciones de racismo, discriminación e intolerancia siguieron causando estragos en la región. La discriminación se manifestaba de muchas formas, por ejemplo en los obstáculos que impedían el acceso a los derechos básicos. Desde Finlandia a Chipre, los romaníes padecían graves desventajas en campos clave como la vivienda, el trabajo, la educación y los servicios médicos. En los países de la ex Yugoslavia, numerosas personas que trataban de reconstruir sus vidas después de verse desplazadas por la guerra siguieron sufriendo discriminación por motivos étnicos, sobre todo en el acceso al trabajo, la educación y la asistencia médica. En muchas zonas continuó siendo vergonzoso el trato que recibían las personas con discapacidades mentales. En Bulgaria y Rumania, las condiciones de vida y la falta de cuidados en algunos hospitales y hogares sociales eran tan deplorables que equivalían a trato inhumano y degradante. En algunas instituciones de Eslovaquia y de la República Checa se siguieron utilizando camas jaula como instrumentos de inmovilización. La discriminación persistió de forma generalizada, como en Irlanda, donde la legislación sobre personas discapacitadas promulgada en 2004 no se fundamentaba en los derechos de los afectados, a pesar de las promesas hechas por el gobierno. El racismo de los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley continuó siendo el telón de fondo de las violaciones de derechos humanos en la administración de justicia. Entre los afectados por los abusos racistas y los malos tratos se encontraban miembros de la comunidad romaní, inmigrantes y solicitantes de asilo. En muy raras ocasiones los responsables fueron puestos a disposición judicial.La intolerancia ante otras personas y sus identidades se puso también de manifiesto en el comportamiento de organizaciones y particulares. En la isla francesa de Córcega se registraron oleadas de violencia racista contra personas consideradas inmigrantes o musulmanes. En países como Bélgica, Francia y Ucrania se atacó a personas de origen judío, así como sus símbolos de identidad. En Rusia, bandas de “cabezas rapadas” perpetraron contra estudiantes extranjeros agresiones basadas en el odio racial. En Polonia se agredió a gays, lesbianas, bisexuales y personas transgénero durante la celebración de manifestaciones en favor de un mayor respeto a los derechos de las minorías sexuales.Muchos gobiernos carecieron de la voluntad política necesaria para impedir, investigar y perseguir estos ataques de manera activa y con la diligencia debida. En Georgia no se castigó a los centenares de personas que perpetraron ataques contra minorías religiosas. En Kosovo se acusó a algunos agentes de la policía local de complicidad oficial en los incidentes registrados durante los ataques interétnicos generalizados que se produjeron en esa provincia en marzo. Durante los enfrentamientos, las autoridades –incluidas las fuerzas de seguridad internacionales– no facilitaron a las minorías una protección adecuada en algunas zonas. Se siguió sin reincorporar a los proyectos legislativos de la UE la penalización del racismo y la xenofobia.Abusos de funcionarios e impunidadEn toda la región –en lugares como Bélgica, Grecia, Francia y España– se recibieron informes de tortura y malos tratos, perpetrados a menudo por motivos raciales. De este a oeste, los Estados dejaron a menudo de aplicar y respetar los derechos que podían constituir una garantía contra los abusos cometidos bajo custodia policial o durante la detención preventiva. Las autoridades de varios Estados no permitieron a los detenidos el acceso a asistencia letrada desde el momento de la detención, ni pusieron en marcha sistemas efectivos, independientes y bien dotados para investigar las quejas. Al no haber investigaciones inmediatas, minuciosas e imparciales persistió la impunidad de los responsables de tortura y malos tratos, prácticas que, según los informes, fueron generalizadas en países como Albania, Georgia, Moldavia, Rumania, Rusia, Tayikistán, Ucrania y Uzbekistán. La tortura y los malos tratos continuaron siendo un grave motivo de preocupación en Turquía, a pesar de los cambios positivos introducidos en las normas sobre detención. Turquía y muchos otros Estados carecían de mecanismos de vigilancia independientes para investigar estos abusos reiterados. Se continuaron recibiendo informes según los cuales la policía había utilizado armas de fuego en Bulgaria, Polonia y Rumania, violando las normas internacionales sobre uso excesivo de la fuerza, en ocasiones con consecuencias mortales. En muchos países, las condiciones en las cárceles y en los centros de detención de solicitantes de asilo y de migrantes ilegales eran crueles y degradantes.En el oeste de los Balcanes, aunque hubo algunos enjuiciamientos por crímenes de guerra ante tribunales nacionales, la falta de voluntad política y las deficiencias de los sistemas judiciales internos hicieron que continuara la impunidad generalizada por los abusos cometidos durante la guerra. Algunos presuntos criminales de guerra fueron puestos bajo custodia del Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia, pero otros continuaron eludiendo la detención, al parecer en algunos casos con la protección de las autoridades de Bosnia y Herzegovina, Croacia y Serbia y Montenegro. Siguieron sin aclararse miles de “desapariciones” ocurridas durante la guerra de 1991-1995, así como otras registradas en los conflictos de Kosovo y Macedonia, y otro tanto sucedió con las de periodistas y figuras de la oposición en Bielorrusia y Ucrania.Represión de la disidenciaLa disidencia civil, política y religiosa fue reprimida de forma sistemática y a menudo brutal en Bielorrusia, Turkmenistán y Uzbekistán. En varios países, como Turquía y Ucrania, se prohibieron manifestaciones y se detuvo y maltrató a menudo a personas que se habían manifestado de forma pacífica. En Bielorrusia, Turquía, Turkmenistán y Uzbekistán se siguió intimidando y amenazando a los defensores de los derechos humanos y obstaculizando sus actividades. En Rusia fueron objeto de acoso y tortura los activistas de derechos humanos y otras personas que intentaban que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos juzgara abusos cometidos en el conflicto de Chechenia. A algunos les costó la vida. En Turkmenistán se obligó a exiliarse a algunas personas críticas con el gobierno y se persiguió a sus familiares en un intento de acallar la disidencia.Como en años anteriores, algunos Estados se mostraron poco tolerantes con las convicciones de las personas que se negaban a cumplir el servicio militar obligatorio. Armenia, Finlandia y Turkmenistán, violando sus obligaciones internacionales, encarcelaron a personas que se negaban a servir en el ejército por razones de conciencia. En otros Estados, como Chipre, Grecia y Lituania, siguió vigente la legislación que confería carácter punitivo a la opción de un servicio alternativo.Violencia contra las mujeresEn toda la región se continuó atentando contra los derechos humanos de mujeres y niñas. Muchos gobiernos seguían considerando la violencia ejercida en el ámbito familiar como algo perteneciente a la “esfera privada”, lo que en muchos casos constituía un pretexto cómodo para no definir la violencia doméstica como una cuestión de derechos humanos y para no proporcionar los recursos pertinentes. En toda la región se documentaron deficiencias a la hora de apoyar a las supervivientes de la violencia doméstica o de garantizar su acceso efectivo a la obtención de justicia, compensaciones y reparaciones. Algunos Estados no promulgaron o no aplicaron de forma adecuada disposiciones básicas como la protección integral y las órdenes de alejamiento contra los autores de abusos, ni crearon centros de acogida apropiados para las supervivientes de la violencia.El problema de la trata de seres humanos, como el de mujeres y niñas con el fin de obligarlas a prostituirse, siguió afectando a la mayoría de los países de la región. Según los informes, en Kosovo, región administrada por la ONU, la policía y las tropas internacionales se encontraban entre los clientes de estas prostitutas forzosas, y las mujeres y las niñas, a quienes sus “dueños” golpeaban, violaban y mantenían de hecho encarceladas, solían tener demasiado miedo para intentar escapar. Las supervivientes de esta forma de esclavitud no recibían el apoyo adecuado de muchos Estados que tenían la capacidad y la obligación de hacer más por ellas. Aunque siguieron escuchándose muchas voces que instaban a que la acción de los Estados contra la trata de personas se basara en la protección de los derechos humanos, en lugar de ejercerse a través de los planes contra el crimen organizado y la migración ilegal, las mujeres que eran objeto de este tipo de comercio continuaron sin recibir la ayuda apropiada de las autoridades y de los sistemas judiciales en los países de origen, tránsito y destino. Moldavia, por ejemplo, siguió siendo lugar de origen de mujeres y niñas víctimas de trata con fines de explotación sexual. Según los informes, las más vulnerables eran las mujeres que huían de la violencia doméstica y los niños que abandonaban los centros de asistencia pública. Sin embargo, en este país las mujeres sólo quedaban exentas de ser juzgadas por delitos cometidos como consecuencia de la trata de que habían sido víctimas si aceptaban cooperar con las instituciones encargadas de hacer cumplir la ley. En Bélgica, país receptor donde, según los informes, continuó aumentando la trata de mujeres con fines de explotación sexual, la concesión del permiso de residencia –de acuerdo con la legislación de la UE– dependía de que se produjera este tipo de cooperación.El proyecto de Convenio Europeo contra la Trata de Seres Humanos del Consejo de Europa, que se debatió en 2004, constituyó un paso potencialmente positivo para reforzar los derechos humanos de las víctimas. Las organizaciones no gubernamentales siguieron luchando para que se reforzaran sus disposiciones.Pena de muerteSe registraron algunos hechos positivos sobre la pena de muerte que reforzaron la tendencia en toda la región hacia la abolición. El Parlamento griego aprobó la abolición de la pena de muerte para todos los delitos. Tayikistán declaró una suspensión de las condenas de muerte y de las ejecuciones. El Tribunal Constitucional de Bielorrusia resolvió que algunas disposiciones del Código Penal sobre la pena de muerte no estaban en consonancia con la Constitución y el derecho internacional, lo que despejó el camino –si existe la voluntad política necesaria– para la abolición o al menos una suspensión de la pena capital.Sin embargo, Bielorrusia –junto con Uzbekistán y Tayikistán antes de la suspensión– siguieron siendo los últimos países de la región donde hubo ejecuciones. Además, durante el año tanto Uzbekistán como Tayikistán incumplieron sus compromisos internacionales al hacer caso omiso de las peticiones del Comité de Derechos Humanos de la ONU para que suspendieran las ejecuciones. En Tayikistán se ejecutó en secreto a cuatro hombres sólo unos días antes de la suspensión. En dos de estos casos, el Comité había instado a las autoridades a que suspendieran las ejecuciones mientras analizaba las denuncias sobre tortura y juicios injustos. En Uzbekistán se ejecutó al menos a cuatro hombres cuyos casos se estaban estudiando por razones similares. Siguió manteniéndose en secreto el número total de ejecutados durante el año en Uzbekistán –dentro del marco de un sistema de justicia penal gravemente lastrado por una corrupción generalizada y por la ausencia de investigaciones judiciales de las denuncias de tortura–, pero se elevaba al parecer a varias decenas. Como en años anteriores, el secretismo reinante tras la caída del régimen soviético en los Estados donde se llevan a cabo ejecuciones no afectaba sólo a las estadísticas, sino también a los propios condenados a muerte y a sus familiares, pues a nadie se informó con antelación de la fecha de las ejecuciones. Además, a los familiares no se les entregaron los cadáveres de los ejecutados, y ni siquiera se les dijo dónde habían sido enterrados. Acciones en favor de los derechos humanosAunque muchos gobiernos continuaron haciendo caso omiso de sus preocupaciones y recomendaciones, las organizaciones regionales e internacionales que se ocupan de la protección de los derechos humanos siguieron fortaleciendo las garantías en materia de derechos humanos. Como parte de su contribución a la lucha contra el racismo, la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa continuó haciendo hincapié en el problema en una serie de reuniones específicas, y el Comité Europeo contra el Racismo y la Intolerancia formuló varias recomendaciones de política general sobre la forma de luchar contra el antisemitismo y el racismo al mismo tiempo que se combate el “terrorismo”. Asimismo, organismos e instancias regionales, como el Comisario de Derechos Humanos del Consejo de Europa, adoptaron medidas contra la falta de mejoras en materia de derechos humanos y de respeto de estos derechos por parte de los Estados. Amparándose en este motivo, la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa rechazó una petición de Bielorrusia para el restablecimiento del estatuto de invitado especial, y el Banco Europeo de Reconstrucción y Desarrollo decidió cortar la ayuda y las inversiones en Uzbekistán porque no había cumplido los criterios sobre derechos humanos establecidos por esta institución bancaria.La Unión Europea incorporó su Carta de Derechos Fundamentales al nuevo tratado constitucional y decidió crear un organismo de derechos humanos. Estas medidas debían ser un incentivo para cambiar la complaciente actitud de la UE sobre la observancia de los derechos humanos dentro de sus propias fronteras. Aunque constituyó también una nota positiva la propuesta de la Comisión Europea de legislación sobre los derechos procesales en los procedimientos penales, existía el temor de que las negociaciones entre los Estados miembros de la UE pudieran diluir su contenido.Durante el año se observó en Turquía una fuerte voluntad política para impulsar las reformas en una dirección positiva. Aunque la aplicación de las reformas tuvo un carácter desigual y se topó en ocasiones con algunas resistencias, el gobierno hizo aprobar numerosas modificaciones constitucionales y jurídicas de importancia con el fin de lograr un acuerdo para el inicio de las negociaciones sobre la adhesión a la UE. Se puso de manifiesto también la capacidad de movilización de la sociedad civil en favor del cambio, por ejemplo, en el Foro Social Europeo organizado en noviembre en Londres, que brindó una plataforma para el activismo, o en las calles de Ucrania durante las elecciones presidenciales celebradas el mes siguiente. Frente a las intimidaciones, amenazas y detenciones, los defensores de los derechos humanos continuaron con decisión su trabajo, logrando resultados y sirviendo de inspiración a otros.

1 comentario:

Anónimo dijo...

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